El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha procedido recientemente a la adquisición y mejora de diverso material con destino al cuerpo de la Policía Local, y estudia la compra de otros medios, como el vestuario anual o un sonómetro para la realización de controles de ruido, que será adquirido próximamente.

Entre el nuevo material destacan diez linternas de uso profesional y veintidós armas cortas de carácter reglamentario, que habían sido reclamadas por la Jefatura del Cuerpo como de urgente adquisición ya que, en febrero de 2011, había expirado el plazo otorgado por el Gobierno de Canarias para que se adaptasen las armas de todos los cuerpos de Policía Local de Canarias a los requisitos establecidos en una orden del año 2001.

Los agentes también han sido dotados de fundas de seguridad para garantizar que las armas no puedan ser arrebatadas o que las mismas se les puedan caer accidentalmente. Asimismo, la partida económica destinada a inversiones en la Policía Local contempla una dotación para la adquisición de la cartuchería precisa para que los agentes cumplan con la obligación de realizar los ejercicios de tiro y entrenamiento reglamentarios.

Según aclara el concejal delegado de Seguridad, José María de Vargas, “se espera que los policías dispongan de las armas en aproximadamente un mes o mes y medio, cuando se finalicen los trámites administrativos para la asignación de cada una de ellas”.
Con esta adquisición todos los efectivos de la Policía Local de Los Llanos de Aridane se ajustarán, una vez entregadas las armas a sus titulares, a la legislación que regula los medios técnicos y defensivos reglamentados por el Gobierno de Canarias, finalizando con ello una reclamación histórica de la Policía Local.

En el último informe de la Jefatura de la Policía Local de Los Llanos de Aridane se advirtió del peligro que suponía para la ciudadanía y para los propios policías la presencia de agentes con armas irregulares, algunas adquiridas hace 40 años, en las calles del municipio.  Una reclamación que se remonta al año 2008 en la que los agentes dejaron constancia de la precariedad de recursos con los que contaba su departamento para prestar un servicio municipal de primera necesidad.